ICE suaviza normas contra ilegales en casos de delitos menores
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La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), la Migra,  ha decido suavizar sus normas sobre la detención de indocumentados para no deportar personas que han llamado a la policía para denunciar violencia domestica o que han sido acusadas de delitos menores por infracciones de transito. 

Los cambios se deben a quejas sobre los derechos de los inmigrantes, pero del país no parecieron estar muy conformes con el anuncio. La mayor parte del escepticismo se centra en el uso del controvertido programa Comunidades Seguras de ICE, según el cual miles de extranjeros con y sin antecedentes penales han sido detenidos y deportados. 

Al principio del gobierno del presidente Obama se dijo que a través de Comunidades Seguras se iba a deportar sólo a los delincuentes indocumentados más peligrosos. Pero esto no ocurrió y una gran mayoría de los inmigrantes deportados solo habían cometido delitos menores. 

Comunidades Seguras funciona con la cooperación de las cárceles locales y condales donde se ficha a los detenidos. Las huellas dactilares de miles de detenidos se envían electrónicamente al Departamento de Seguridad Interna (DHS), que luego decide si detiene y coloca en proceso de deportación a los indocumentados o con antecedentes penales. 

Los activistas afirmaron que los cambios o son cosméticos o no tendrán impacto ninguno, a menos que los jefes del ICE en Washington se aseguren personalmente de que sus subordinados implementen las nuevas normas debidamente. 

Hasta ahora, cualquier extranjero sin documentos podía ser detenido para ser deportado, aunque su detención hubiera ocurrido porque fue a la policía porque fue víctima de un delito. Quizá el cambio más importante es la decisión de no iniciar el proceso de deportación a víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia domestica. 

Miles de indocumentados han sido detenidos y deportados por manejar sin licencia o con el documento vencidos. 

El cambio se centra en una estricta observación del periodo límite de 48 horas que el ICE tiene para transportar a un indocumentado detenido por la policía local a un centro de detención federal para extranjeros en vías de deportación. 

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