Acalorada sesión en el Congreso sobre el espionaje electrónico
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El secretario de Justicia, Alberto Gonzáles, reiteró el lunes 6, que el presidente George W. Bush cuenta con todos los poderes para interceptar las conversaciones telefónicas de los estadounidenses --sin necesidad de contar con una autorización judicial-- como parte de la guerra antiterrorista.
Gonzáles exhortó al Congreso a que no termine ni restrinja el programa.
Pero la fuerte defensa que Gonzáles hizo del programa de Bush fue disputada por el senador republicano Arlen Specter, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta, y por varios demócratas de ese comité durante un interrogatorio.
Specter le dijo a Gonzáles que incluso la Corte Suprema había fallado que ''el Presidente no tiene un cheque en blanco''. El senador sugirió que la legalidad del programa tenía que ser revisada por un tribunal federal especial creado por la ley conocida como Foreign Intelligence Surveillance Act, de 1978.
''Hay mucha gente que piensa que usted está equivocado. ¿Qué perdería usted si está en lo correcto?'', le preguntó Specter a Gonzáles.
En un principio el secretario de Justicia evadió la pregunta, pero luego dijo que no objetaba una revisión. Sin embargo, manifestó que el tribunal ya estaba bastante familiarizado con el programa. Indicó además que no pensaba que la ley de 1978 necesitaba cambios.
Specter le dijo a Gonzáles que la normativa federal incluía una "prohibición enérgica y general contra cualquier tipo de interceptación electrónica [de las comunicaciones] sin una orden judicial''. Si bien el Presidente sostiene que tiene la autoridad para ordenar esas escuchas, dijo Specter, "soy escéptico sobre esa interpretación''.
Gonzáles, un ex juez de Texas, desempeñó un papel importante como consejero de la Casa Blanca para desarrollar el fundamento legal del programa de escuchas. Se mantuvo en ese puesto desde enero del 2001 hasta febrero del 2005.
El gobierno de Bush ha pasado casi dos meses justificando el programa, calificándolo de arma vital en la seguridad nacional para contener a los terroristas. Pero aún antes de que comenzara la audiencia en el comité legislativo, los demócratas acusaron al gobierno de privar al Congreso de informaciones esenciales sobre el programa.
Algunos demócratas del comité, que en general han expresado que Bush actúa de manera ilegal al permitir que la Agencia de Seguridad Nacional realice las escuchas, criticaron con dureza a Gonzáles.
Entre bambalinas, Gonzáles ha jugado papeles importantes en algunas de las decisiones más contenciosas de la Casa Blanca, tales como la autorización de agresivos métodos de interrogación que algunos sostienen equivalen a torturas, y la grabación de conversaciones entre personas en EUA sin autorización judicial.
Gonzáles admite que ha habido desacuerdos en el ejecutivo en cuanto al programa interno de interceptación de comunicaciones de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). ''Lo mismo que con cualquier cuestión difícil, ha habido fuerte discusión y análisis respeto al programa'', declaró.
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