Confirman disposiciones más duras de ley antiinmigrante de Alabama
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La jueza Sharon L. Blackburn, de la corte federal de Distrito en Birmingham, Alabama, falló el miércoles 28 en un documento de 117 páginas, a favor de algunas partes muy polémicas de la ley migratoria HB 56, que entre otras medidas criminaliza la estadía sin papeles y autoriza a las escuelas primarias y secundarias a verificar el estado migratorio de sus alumnos, pero también decretó medidas cautelares contra otras disposiciones de la ley, catalogada por defensores y críticos como la más severa en su tipo, incluso más que la ley SB 1070 de Arizona.

La  ley entrará en vigor el jueves 29 de septiembre”, aunque la  jueza no especificó puntualmente la fecha.

El tema de la inmigración en Alabama se volvió polémico durante la última década a medida que la población hispana del estado creció en un 145%, a aproximadamente 185.600 residentes.

En el fallo, Blackburn dijo que la ley federal no le prohíbe al Estado obligar a las escuelas a verificar el estatus inmigratorio de los alumnos. Tampoco prohíbe a la policía determinar el estado migratorio de los individuos que sean detenidos cuando exista una sospecha razonable de que se trata de indocumentados.

Con esta decisión Blackburn rechazó puntos cruciales de varias demandas interpuestas por el Departamento de Justicia, organizaciones que defienden los derechos civiles y grupos religiosos, entre otros.

Con el dictamen, la HB 56 convierte en delito criminal menor el no llevar consigo un documento de identidad o de registro de extranjeros que demuestre que el portador tiene permanencia legal en EEUU.

Agrega que los agentes de policía deberán hacer un esfuerzo razonable, cuando sea posible, para determinar el estado migratorio de una persona detenida o arrestada, cuando exista una sospecha razonable de que se trata de un extranjero indocumentado. Las personas que no porten documentos que prueben su situación migratoria podrán ser sancionadas con una multa de $100 o 30 días de cárcel.

Si una persona es arrestada por conducir sin licencia, y el policía no puede determinar que tiene una licencia de conducir válida, el detenido deberá ser conducido lo antes posible ante un juez competente en un esfuerzo razonable para determinar la nacionalidad del conductor. En caso de tratarse de un indocumentado, el chofer será detenido hasta su juicio o hasta que sea entregado a las autoridades federales de inmigración (ICE).

En su dictamen, Blackburn consideró que no serán catalogados como delitos el que un inmigrante indocumentado solicite trabajo, o que una persona transporte o de refugio a un inmigrante sin papeles.

Las otras dos medidas bloqueadas temporalmente buscan permitir que haya demandas por discriminación contra las empresas que despidan a trabajadores con residencia legal mientras contratan a inmigrantes ilegales, y prohibir que las empresas puedan hacer deducciones fiscales por los salarios pagados a trabajadores que viven ilegalmente en EEUU.

La HB 56 tampoco podrá prohibir los contratos de alojamiento por una noche, los contratos para la compra de alimentos, los contratos de servicios médicos o los contratos para el transporte de un extranjero que regrese a su país de origen.

Leyes similares a la HB 56, pero menos restrictivas, se han aprobado ya en los Estados de Arizona, Utah, Indiana y Georgia. Algunos jueces federales ya han bloqueado la totalidad o parte de ellas tras demandas interpuestas por el gobierno federal, organizaciones de derechos civiles y grupos religiosos, entre otros.

Además, la jueza se negó a bloquear las disposiciones que permiten a la Policía detener sin derecho a fianza a presuntos inmigrantes indocumentados, y consideró un delito grave cuando un inmigrante sin papeles haga negocios con el Estado.

Respecto a la autorización para que las escuelas públicas indaguen el estado migratorio de los estudiantes con el fin de tratar de ver si esta persona necesita asistencia en español o en inglés, pareciera que esta clausula es una excusa para que las escuelas puedan pedir este tipo de documentos.

EN RESUMEN de acuerdo con el fallo de la jueza Blackburn, a partir de ahora la ley HB 56 permite:

- Que la policía detenga a sospechosos de ser indocumentados.

- Que las escuelas comprueben el estatus migratorio de estudiantes y padres.

- Que se anulen contratos con indocumentados.

- Convierte en criminal a un indocumentados que pida una licencia de conducir o comercial.

También el dictamen decretó medidas cautelares para garantizar que:

- Que no se pueda impedir a indocumentados pedir trabajo.

- Que no se pueda criminalizar a quienes asistan a indocumentados.

- Que los negocios pueden seguir deduciendo salarios de indocumentados de impuestos estatales.

- Que los trabajadores no pueden demandar a empleadores que contraten a indocumentados, protegiendo a las compañías que emplean a las personas indocumentadas, de acuerdo a la ley laboral (nada que ver con inmigración).

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