A la espera del fallo de la Corte Suprema
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Pasó mayo y quienes están interesados en el tema migratorio esperan con ansia el veredicto de la Corte Suprema, en junio, acerca de la ley SB 1070 de Arizona, que permite los arrestos por sospechas de no tener papeles y criminaliza a los indocumentados.

¿Decidirá la Corte qué la legislación migratoria es una prerrogativa del gobierno federal? o determinará ¿qué los Estados tienen la facultad de producir sus propias leyes inmigración?

Han pasado más de dos años, desde cuando la gobernadora Jan Brewer, después de firmar la ley, no supo responderle a los medios en español una pregunta simple: ¿cómo luce un indocumentado?

El argumento de los sectores pro-inmigrantes es que la ley promueve el perfil racial y los prejuicios contra los inmigrantes. Y en Arizona conocen de sobra lo que es discriminación por los abusos del alguacil Joe Arpaio, “el más duro del país”.

Pese a que la ley no entró en efecto en su totalidad porque los tribunales federales le pusieron un pare antes de que entrara en vigencia, en julio de 2010, los ciudadanos de Arizona han experimentado las consecuencias de la intolerancia.

Medio año después de la proclamación de la ley, el Estado había perdido más de $141 millones como resultado del repudio nacional a la normativa.

No obstante, el movimiento antiinmigrante se dedicó a promover la copia de la ley de Arizona en otros Estados del país.

Aunque en los días de euforia por la aprobación de la ley de Arizona, los antiinmigrantes proyectaban que una veintena de estados establecieran normativas similares, lo cierto es que solo una minoría han aprobado leyes similares.

Hasta ahora sólo lo hicieron Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Indiana y Utah, mientras que 26 estados rechazaron en sus legislaturas iniciativas como la de Arizona, en 2010 y 2011.

Este año se han presentado propuestas como la de Arizona, en Tennesse, Misisipi, Missouri, Virginia Occidental y Kansas.

Sin embargo, la suerte de estos proyectos de ley depende de la decisión que tome la Corte Suprema respecto a la SB 1070.

Durante una audiencia desalentadora para la causa pro-inmigrante, el pasado 25 de abril, los jueces de la Corte Suprema se mostraron favorables a la ley de Arizona. Incluso, la jueza, Sonia Sotomayor, cuestionó los argumentos del abogado federal que desafió la SB 1070.

Bajo ese tenor, en Alabama, el gobernador Robert Bentley firmó, el pasado 19 de mayo, una versión afeitada de la ley HB 56, que había proclamado en junio del año anterior. El cambio se dio tras protestas de los rancheros del estado, que vieron como sus cosechas se pudrieron, ante la ausencia de la mano de obra inmigrante y la vergonzosa detención de dos ejecutivos extranjeros de la industria automotriz, uno de Mercedes-Benz y otro de Honda, por carecer de licencias de conducir válidas de acuerdo con la legislación de Alabama.

Dios quiera que la Corte Suprema decida en contra de la SB 1070.

 

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