Dictamen de la Corte Suprema aún deja dudas sobre perfilamiento racial
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La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos entregó el lunes 25 un veredicto sobre la polémica ley SB1070 de Arizona. El dictamen falló a favor de una sección controversial de la ley de Arizona y dictaminó en contra de otras tres secciones.

La medida avalada por la Corte permite que las policías locales (estatal y municipal) puedan inquirir sobre el estado migratorio de individuos si los agentes tienen una sospecha razonable que se trata de indocumentados. Esto podría dar origen a casos de perfilamiento racial por no establecer normas claras a los policías sobre cuándo y porqué pedir esos documentos.

Sin embargo la Corte rechazó que se convierta en un crimen el no llevar consigo documentos de identificación que comprueben la permanencia legal en Estados Unidos.

Los defensores de la ley de Arizona, entre ellos la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, indicaron que se vieron obligados a aprobar este tipo de legislación para controlar la inmigración indocumentada que afecta a su Estado la que causa les grandes daños materiales y económicos, y culparon al gobierno federal y al Congreso, de “inacción”, al no hacer algo al respecto que solucione el tema de los indocumentados.

La “inacción” se refiere a la falta de un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar una reforma migratoria y legalizar a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Pew Hispanic Center, grupo privado de Washington que estudia los movimientos migratorios.

La ley SB1070 aprobada por la Asamblea de Arizona en 2010, concedió poderes extraordinarios a la policía locales para verificar el estado migratorio de individuos que sean detenidos bajo cualquier otra ley vigente en el Estado, exigió a las empresas privadas el utilizar el programa federal E-Verify (que verifica la legalidad de los trabajadores) y obligó a los empleados públicos a reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los indocumentados que gestionen algún tipo de asistencia pública (sin una tarjeta de Seguro Social no se puede obtener ninguna asistencia social del gobierno).

También prohibió a los indocumentados pedir trabajos en las calles, la contratación de jornaleros y la asistencia y transporte de indocumentados por parte de personas privadas.

La Corte escuchó argumentos para decidir si los Estados pueden adoptar sus propias medidas inmigratorias y decidir sobre los inmigrantes sin papeles o si el asunto es competencia exclusiva del gobierno federal y no de cada uno de los Estados. De haberse aprobado, esto podría potencialmente significar la creación de 50 leyes de inmigración en el país, una por cada estado.

Las partes más polémicas de la ley SB 1070 fueron suspendidas temporalmente por una Corte Federal un día antes que entrara en vigor a finales de julio de 2010, podo después de ser promulgada la legislatura.

Después de Arizona, otros cinco Estados aprobaron leyes similares (Texas, Carolina del Sur, Utah, Alabama y Georgia) y todos ellos enfrentan demandas en cortes y su aplicación está en duda en razón de este dictamen de la Corte Suprema.

LAS SIGUIENTES SON LAS SECCIONES DE LA LEY SB1070 DE ARIZONA QUE REVISÓ LA CORTE SUPREMA.

• Sección 2 (B) (MANTIENE VIGENCIA): Apartado “muéstreme sus documentos”. Exige a todo agente del orden público de Arizona (policías estatales y municipales) verificar el estado migratorio de todo individuo que sea detenido bajo cualquier otra ley vigente. También si el agente tiene “sospecha razonable” que se trata de un inmigrante indocumentado.

• Sección 3 (NO PUEDE APLICARSE): Convierte en delito bajo la ley de Arizona (criminaliza) el que un inmigrante no lleve consigo una identificación que pruebe se encuentra viviendo legalmente en Estados Unidos.

• Sección 5 (C) (NO PUEDE APLICARSE): Criminaliza el empleo o trabajo no autorizado por el gobierno federal.

• Sección 6 (NO PUEDE APLICARSE): Faculta a las policías a realizar arrestos sin orden judicial. Basta con que el agente tenga “causa probable” de creer que un individuo ha cometido un crimen que lo convierta en individuo a ser deportado de Estados Unidos.

 

Conocido el dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre la SB1070, organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes lanzaron una campaña nacional de movilización para que los latinos participen fuertemente en la elección del martes 6 de noviembre, cuando los estadounidenses acudan a las urnas para elegir presidente y renovar la Cámara de Representantes, además un tercio del Senado y los gobernadores.

En los comicios de 2008 de los 19 millones de votantes latinos inscritos, sólo 10.2 millones acudieron a las urnas y de ellos 6.7 millones apoyaron al presidente Barack Obama.

Otros 8 millones de residentes permanentes, según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), reúnen los requisitos para hacerse ciudadanos estadounidenses e inscribirse para participar en el proceso electoral.

Pero a pesar de este triunfo judicial para los inmigrantes, otra preocupación que reina son las deportaciones masivas.

En lo que va de administración Obama (años fiscales 2009, 2010 y 2011) se han quebrado récords sucesivos y el número de deportados supera el 1.1 millones y la cifra amenaza con mantenerse igualmente alta durante el año fiscal 2012.

Los arrestos, detenciones y proceso de deportaciones cuestan al presupuesto nacional millones de dólares y diversas organizaciones apuntan que una parte de ese dinero va a parar a manos de empresas subcontratistas que dan servicio al DHS, principalmente en cárceles bajo control de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).

Con una reforma, no sólo se regularizaría la situación de millones de familias, sino también el fisco recaudaría miles de millones de dólares más por nuevos impuestos de individuos que entonces podrían trabajar legalmente.

 

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