La amnistía es considerada inviable en el debate migratorio
En el debate sobre la inmigración, la amnistía es un calificativo políticamente inviable.
Esa es la razón por la cual, quiénes defienden el proyecto de ley del Senado sobre la inmigración afirman que favorecen un “merecido paso hacia la ciudadanía” para unos 11 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos.
Asimismo, es la razón por la cual el presidente George W. Bush habla sobre un amplio acercamiento a la inmigración, sin revelar los detalles, que se desplaza “más allá de las gastadas opciones y de la dura actitud del pasado”.
Más que una palabra trillada en un año de elecciones, lo que está de por medio en el Congreso estadounidense es un debate para la primera reorganización de importancia de la ley de inmigración en dos décadas.
En el Senado, por lo menos, la victoria pertenecerá a cualquier grupo de 60 legisladores que respalde alguna decisión a la que puedan señalar cómodamente como algo menos que amnistía.
El acuerdo de Bush con la definición de ellos, o por lo menos su aceptación, es esencial para que tenga éxito. Esto es especialmente cierto si se desea llegar a una solución negociada con la Cámara de Representantes. Los republicanos, que forman mayoría en la Cámara Baja, ya han aprobado un proyecto de ley que insta a que se considere como delito penal el ingreso ilegal de personas a Estados Unidos y que se construya una barrera a lo largo de la frontera con México para impedir el paso de inmigrantes ilegales.
En contraste, el proyecto presentado en el plenario del Senado comienza con medidas para intensificar la protección fronteriza y omite las sanciones penales. Prevé un incremento en el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos en programas de trabajadores con visas temporales.
Lo que provoca mayor oposición es que se permite que inmigrantes ilegales que han estado en Estados Unidos desde antes del 7 de enero del 2004, puedan obtener la ciudadanía sin tener que regresar a sus países de origen. Tendrían que pagar multas, demostrar que están al día en el pago de sus impuestos, aprender inglés y cumplir con otros requisitos, los cuales incluyen esperar su turno detrás de los inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos.
Los opositores señalan que se estaría perdonando el tener años de vivir al margen de la ley y se alentaría a futuros inmigrantes a que vengan a Estados Unidos ilegalmente con la esperanza de que ellos también sean perdonados algún día.
El mayor estruendo del enfrentamiento hasta el momento se ha producido entre las filas republicanas, en momentos en que Bush les ha recomendado casi a diario a los legisladores que conduzcan un debate de altura en un asunto de tanta importancia para las crecientes comunidades de votantes hispanoamericanos.
Por su parte, los demócratas temen estar en una trampa política en que se verán obligados a elegir entre medidas que por un lado aseguren las fronteras y por otra se persiga a los inmigrantes.
Los demócratas deben decidir si buscarán una solución negociada que les permita a los republicanos proclamar un logro legislativo y mejorar su posición ante la opinión pública antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El asunto de mayor dificultad probablemente estará centrado en las condiciones bajo las cuales los inmigrantes podrán solicitar la ciudadanía.
Algunos legisladores desean que un solicitante, que podría haber estado en Estados Unidos desde hace años, regrese primero a su país. De ser así, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué sucedería con los miembros de su familia? Por ejemplo, niños nacidos en Estados Unidos, que ya son ciudadanos.
Entre más estrictos sean los requisitos, se supone que menos indocumentados se presentarán ante las autoridades, con lo cual se habrá desechado uno de los principales objetivos de la reforma de la ley sobre inmigración.
Por otro lado, si las condiciones son menos exigentes, los senadores tendrán más dificultades en refutar las acusaciones de que se trata de una amnistía.
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