La frontera y la seguridad
Por Michel Leidermann

El Panel Judicial del Senado inició el debate del proyecto migratorio S. 744 cuyo componente central es una vía a la ciudadanía de 13 años para millones de indocumentados. En el primer día el panel discutió la seguridad de la frontera y enmiendas vinculadas a requisitos de seguridad que condicionan el inicio de esta vía.

El debate resucitó el argumento de la “seguridad fronteriza primero” antes de considerar planes de legalización. Sin embargo, la postura no toma en cuenta los miles de millones de dólares destinados a la seguridad fronteriza gastados en los pasados años y los progresos alcanzados.

En 2007, tras el fracaso de un proyecto de reforma amplia, lo único que avanzó fue un proyecto que fijaba requisitos en materia de seguridad. En 2013 ya la mayor parte de esos requisitos se han cumplido y aunque la excusa de la seguridad fronteriza sigue usándose por los opuestos a la reforma, la frontera está más segura que nunca.

Un reciente informe del Instituto de Política Migratoria (MPI) concluyó que en el año fiscal 2012, Estados Unidos gastó $18 mil millones sólo en la aplicación de leyes migratorias, más que el FBI, la DEA y el Servicio Secreto combinados. Armados de tecnología, bardas virtuales y físicas y duplicando la cifra de agentes fronterizos, los cruces de indocumentados están a su nivel más bajo en 40 años. Asimismo, la administración Obama ha deportado a una cifra récord de inmigrantes.

El proyecto S. 744 destina hasta $6,500 millones en nuevos recursos de aplicación de leyes y seguridad fronteriza. Se supone que los requisitos de seguridad, en teoría, no impedirán que los inmigrantes inicien y completen su vía a la ciudadanía.

Seis meses después de promulgada la nueva reforma, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá someter dos planes para cumplir con los requisitos de seguridad fronteriza de la ley. El primero es lograr detener a 9 de cada 10 indocumentados que intenten cruzar la frontera en ciertos sectores (90% de efectividad). El segundo es reforzar las barreras y muros en la franja. La fase inicial de la legalización no comienza hasta que se sometan estos dos planes. Si al cabo de cinco años no se han completado estos requisitos, se asignarán más fondos y una comisión especial recomendará al DHS qué medidas tomar para lograr los objetivos.

Asimismo al cabo de cinco años el programa de verificación de identidad E-Verify será obligatorio para todos los empleadores. Además, tiene que implementarse un sistema electrónico para verificar las entradas y salidas de personas en aeropuertos y puertos marítimos. Se calcula que 40% de la inmigración indocumentada ingresó al país legalmente como turistas, estudiantes y otro tipo de permisos, y se quedaron más de lo autorizado. Pero ambos programas no deberían entorpecer la vía a la ciudadanía porque tienen que estar establecidos antes que los inmigrantes con Estatus de Inmigrante Provisional Registrados (RPI) puedan solicitar la residencia permanente.

El panel Judicial está integrado por 18 senadores, 10 demócratas y ocho republicanos. El proceso de debate de 300 enmiendas se realiza los días martes y jueves por las próximas semanas y podría tomar más, si fuera necesario. La mayoría de las 300 enmiendas se oponen a la reforma migratoria y su única intención es tratar de descarrilar la medida.

Si el proyecto es aprobado por el Comité Judicial, pasaría entonces al pleno del Senado, donde de nueva cuenta será debatido y enmendado en el largo proceso legislativo que queda por delante.

 

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