El número de leyes migratorias aprobadas por varias legislaturas estatales repuntó en 2013, pero su enfoque cambió, en su mayoría, a la extensión de beneficios a los indocumentados. De acuerdo con un reporte elaborado por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), el 2013 se aprobaron un total de 184 leyes migratorias y se adoptaron 253 resoluciones

La NCSL destacó que la temática de las leyes migratorias estatales cambió en 2013 en relación a los años anteriores, pasando de enfocarse en medidas autoritarias de control, a otorgar algunos beneficios estatales para los inmigrantes.

El cambio  fue motivado principalmente por la decisión en 2012 de la Corte Suprema que anuló varias disposiciones relacionadas con la aplicación de la ley antiinmigrante SB1070 de Arizona.

También influyó el Programa de Acción Diferida, formulado en una orden ejecutiva en 2012, que permite a algunos jóvenes indocumentados que llegaron a este país siendo niños, el poder vivir y trabajar en Estados Unidos por un período renovable de dos años, sin ser deportados.

En 2011, se presentaron más de 50 proyectos legislativos en un total de 30 Estados como Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah, que promulgaron leyes similares a la SB1070 de Arizona, las cuales fueron impugnadas y frenadas por las Cortes.

En 2012, cinco Estados consideraron proyectos de ley similares: Kansas, Mississippi, Missouri, Rhode Island y Virginia del Oeste. Ninguna de esas iniciativas fue promulgada. Ocho Estados, incluyendo California, Colorado, Connecticut, Illinois, Maryland, Nevada, Oregon y Vermont, se sumaron a Nuevo México, Utah y Washington en autorizar la emisión de licencias de conducir a inmigrantes indocumentados.

En cuatro Estados, Colorado, Minnesota, Nueva Jersey y Oregón, se aprobó otorgar colegiaturas estatales subsidiadas para estudiantes indocumentados, con lo que se elevó a 15 los estados que ofrecen actualmente este beneficio.

California promulgó en 2013 una serie de leyes que abordan la protección de los inmigrantes indocumentados, una de las cuales prohíbe a la policía local retener a las personas para la deportación federal si son detenidos por delitos menores. También, autorizó a la Suprema Corte de California, a admitir a indocumentados en el ejercicio de la abogacía y prohibió a los notarios públicos a actuar como consultores de inmigración.