Legisladores debaten medidas contra contratación de indocumentados
Acuerdo tentativo fijaría sanciones severas por la contratación de indocumentados.
Los empresarios estadounidenses tendrán que verificar los números de la seguridad social y la situación de inmigración de los nuevos empleados conforme a un principio de acuerdo a que llegaron en el Senado sobre la reforma de la ley de inmigración, que establece fuertes multas y otros castigos para quienes den empleo a los inmigrantes ilegales.
Los que violen las normas y contraten a indocumentados podrán recibir multas de $200 a $6,000 por cada violación.
Los empresarios que hayan contratado inmigrantes ilegales una vez que funcione el sistema electrónico de verificación, podrán ser multados hasta con $20,000 por cada indocumentado e incluso podrían ser encarcelados en casos de reincidencia. Deberán verificar la identidad y situación migratoria de los empleados basándose en bancos de datos del gobierno.
El castigo impuesto a quienes contratan indocumentados ha sido uno de los puntos más contenciosos en la elaboración de una reforma amplia de las leyes de inmigración, más que la vigilancia de las fronteras, ya que de alguna forma tiene que solucionar la situación de unos 12 millones de inmigrantes ilegales que se encuentran en Estados Unidos, pese a que la reforma de 1986 dió amnistía a casi 8 millones de indocumentados.
El Congreso delegó en los empresarios la responsabilidad de verificar que contratan a empleados legalmente documentados, cuando aprobaron la ley de inmigración en 1986, y establecieron multas para los que no lo hicieran. Pero la ley no es aplicada y aumentó la oferta de contratación para indocumentados, al tiempo que floreció de manera paralela la industria de los documentos falsos y no hay mecanismos para verificar la legitimidad de dichos documentos.
Los senadores republicanos y demócratas esperan alcanzar un compromiso sobre los temas más conflictivos del proyecto de reforma sobre inmigración, afin de poder someterla a votación antes del 29 de mayo.
Las sanciones contra las empresas que violen las normas fueron negociadas por separado de otras secciones del proyecto de ley, después que algunos senadores expusieron sus temores ante una posible violación de la privacidad fiscal, la responsabilidad de los patronos y las garantías de los trabajadores.
Los empresarios temen que el sistema que el Congreso quiere aplicar no será confiable.
“¿Qué ocurrirá con los individuos legalmente autorizados a trabajar en Estados Unidos, cuando no puedan comprobar esa situación?”, preguntó el director de la política de inmigración de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Angelo Amador.
El año pasado, los patrones que se sumaron a un programa experimental para verificar la identidad y situación legal de quienes buscaban trabajo (en el programa piloto actual participan 6,200 patrones), sometieron datos de más de 980,000 personas. De ellas, unas 148,000 fueron referidas a investigaciones posteriores y sólamente 6,202 de ese grupo tenían autorización para trabajar legalmente.
Las sanciones forman parte de un acuerdo tentativo paralelo a las negociaciones que sostienen republicanos y demócratas del Senado para retomar el debate migratorio a partir de esta semana.
Para fijar el sistema de verificación, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) tendría acceso a datos del Seguro Social y del Servicio de Impuestos Internos. Habrá además protecciones para los empleados autorizados a trabajar.
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