Entramos en la recta final por la reforma inmigratoria
Senado aprueba el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México.
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WASHINGTON - El Senado votó el miércoles 24 finalizar el debate sobre el proyecto de ley a la reforma de la ley de inmigración, abriendo el camino a una votación final, y allanando el camino para la aprobación de un proyecto de ley que incrementa la seguridad en la frontera y a la vez permite el eventual acceso a la residencia permanente primero y después a la ciudadanía, para millones de inmigrantes ilegales.
La iniciativa fue aprobada por 73 a 25 votos, 13 más de los 60 necesarios.
El texto definitivo de la ley saldrá de una negociación ardua en el Comité de Conciliación entre Senadores y Representantes. Los senadores a favor de una reforma migratoria amplia quieren proceder inmediatamente a la audiencia de conciliación entre ambas Cámaras.
La Cámara de Representantes aprobó en diciembre el proyecto HB4437 que convierte en crimen la presencia ilegal en el país y se limita a reforzar la seguridad fronteriza.
El presidente Bush ha exhortado reiteradamente al Congreso para que apruebe una ley de inmigración siguiendo en líneas generales el proyecto del Senado.
El presidente del bloque mayoritario del Senado, Bill Frist, dijo que “El problema de la inmigración es demasiado grande, con millones de personas que cruzan la frontera y cientos que mueren al cruzar. Como organismo de gobierno, no podemos alejar la mirada y decir que no haremos nada”.
"Esta fue una demostración de fuerza impresionante para avanzar en nuestro sentido común y nuestro plan integral para una reforma migratoria", indicó el demócrata Edward Kennedy, co-autor junto a McCain del proyecto para legalizar y abrir un camino a la ciudadanía a parte de los 12 millones de indocumentados que se estima residen en Estados Unidos.
"Sabemos que la última batalla aún no ha terminado, pero hemos logrado progresos significativos", dijo el demócrata Ken Salazar, de origen mexicano.
Defensores de los inmigrantes insistieron en la necesidad de defender la propuesta del Senado aunque varias enmiendas hayan debilitado el proyecto de ley original.
"Obviamente que la ley que va a salir del Senado no es perfecta ... pero tenemos que seguir adelante", dijo Frank Sharry, director del Foro Nacional de Inmigración.
"Tenemos que empujar con fuerza para asegurar que la reforma que pase este año o el año próximo, y ayude a la mayor parte posible de las personas", apuntó Cecilia Muñoz, vicepresidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la mayor coalición de organizaciones latinas del país
De las 15 enmiendas aprobadas por el Senado, la más polémica fue quizá la del republicano James Inhofe que declara al inglés como “idioma nacional”, aunque también se aprobó otra, del demócrata Ken Salazar, que lo describe como un “idioma común y unificador”.
Algunos líderes de la oposición y la mayoría de las organizaciones latinas, indicaron que la enmienda Inhofe es una señal de racismo contra la minoría más grande del país. Aseguran además que esa enmienda podría alentar recortes en los servicios sociales para aquellos que no dominan el inglés.
El senador demócrata Ron Wyden dijo que “el inglés nos une” y que con esa enmienda los republicanos sólo han conseguido polarizar más el debate.
Pero el Secretario de Justicia, Alberto Gonzáles, aseguró en programas de televisión, que la enmienda Inhofe, en todo caso, sólo tendrá un efecto “simbólico” —el inglés ya es el idioma dominante— y no alterará los derechos establecidos por la ley federal para las minorías étnicas.
El presidente Bush ha pedido en varias ocasiones al Congreso, que apruebe antes de fin de Mayo, una reforma que refuerce la vigilancia fronteriza y ofrezca paliativos para los inmigrantes indocumentados mediante un programa de trabajadores temporales y un posible programa de legalización.
Su anuncio de que desplegará 6,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México a partir de junio y durante dos años, fue interpretado como una concesión a los conservadores que piden mano dura contra los inmigrantes.
El Senado votó contundentemente el lunes 22 a favor del plan de Bush de enviar a la Guardia Nacional para reforzar a la Patrulla Fronteriza, cuerpo que seguirá el principal encargado de interceptar inmigrantes ilegales en la frontera con México. Además, ningún soldado estará en la frontera por más de 21 días y la Guardia no cumplirá labores de “búsqueda, localización, arresto o actividades similares”.
Los senadores igualmente aprobaron la enmienda presentada por el legislador republicano John Ensign, con 83 votos a favor y 10 en contra, autorizando a los gobernadores de estados limítrofes con México (Texas, Nuevo México, Arizona y California), a enviar soldados de la Guardia Nacional a la frontera.
De cualquier manera, el presidente Bush tenía la autoridad suficiente para el envío de las tropas, por lo que la sesión parlamentaria cumple un apoyo simbólico al ejecutivo.
En contraste con la unanimidad sobre la Guardia Nacional en la frontera, el debate senatorial estuvo dividido sobre los salarios para campesinos inmigrantes.
El senador republicano Saxby Chambliss apoya la tesis de que los campesinos extranjeros con visas temporales deberían recibir los mismos salarios que los futuros 1.5 millones de jornaleros bajo el nuevo programa de permisos laborales. “Se trata del mismo tipo de trabajadores”, destacó Chambliss.
El tema fue dejado de lado por ahora, en una votación de 50 a favor y 43 en contra.
La senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, sometió igualmente el lunes 22 una enmienda que establecía una nueva tarjeta “naranja” para la legalización de los todos indocumentados que hayan estado en el país antes de enero de 2006. Lamentablemente la enmienda fue derrotada.
El líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, dijo que “la enmienda Feinstein de ‘tarjeta naranja’ hubiera creado un sólo proceso más simple que legalizaría a los inmigrantes indocumentados que cualifiquen y hubiera reducido el potencial de fraude. Estos inmigrantes tendrían que todavía seguir los requisitos estrictos de pagar una multa de $2.000, pasar una revisión de historial criminal, aprender inglés e ir a la parte de atrás de la fila”.
Por otra parte la S.2611 de Martínez/Hagel a pesar de que las tres categorías que crea, no garantiza que todos los indocumentados puedan legalizarse.
La primera categoría son quienes lleven más de 5 años pueden legalizarse sin salir de EUA y se calcula que son 6.7 millones.
La segunda categoría de Martínez/Hagel, dice que quienes lleven en EUA menos de 5 años pero más de 2, deben ir a un puerto de entrada momentáneamente previo a reingresar a EUA. Se calcula que hay 2.8 millones de personas que llevan en EUA de 2 a 5 años.
Y la tercera categoría son quienes lleven menos de dos años tienen que irse a su país de origen y desde allá solicitar reingreso a través de un programa de trabajadores temporales (PTT). Se calcula que son 1.6 millones.
El Senado votó además por multar a los empleadores de inmigrantes ilegales, hasta con $20,000 por cada trabajador no autorizado. Los empleadores tendrían que verificar los números de Seguridad Social y la condición inmigratoria de sus nuevos contratados. El Departamento de Seguridad Interna deberá ampliar el sistema electrónico para revisar el estatus de los trabajadores, en un plazo de 18 meses.
“Esto es probablemente lo más importante que podemos hacer en términos de reducir la llegada de trabajadores indocumentados, cerciorándonos de que podemos hacer cumplir en forma sistemática las reglas sobre quién es contratado”, dijo el senador Barack Obama, demócrata por Illinois.
Los opositores dijeron que el sistema de verificación tardaría años en implementarse y se quejaron de que los trabajadores considerados ilegales podrían mantener sus empleos mientras no fueran atendidas sus apelaciones judiciales.
Los empleadores que no usen el nuevo sistema por computadora deberían pagar multas de entre $200 y $600. El sistema incluiría información de la Administración de Seguridad Social, el Servicio de Recaudación Interna y el Departamento de Seguridad Interna.
Las multas de $20,000 por contratar a indocumentados una vez que el sistema se instale, duplicarían las actuales. Los reincidentes serían sentenciados incluso a 3 años de prisión.
En diciembre, la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa que impondría a los empleadores multas de entre $5,000 y $40,000.
A diferencia de la propuesta senatorial, la medida de los representantes ordenaría que los empleadores revisaran la situación de todos sus trabajadores (unos 140 millones de personas) en vez de hacerlo sólo con las contrataciones recientes.
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